Fernando López Rodríguez
Publicado parcialmente en el “Diario de Sevilla”
Club Senior de Extremadura
Tras el apagón se ha podido comprobar que con las renovables no se
desestabiliza la red provocando sobretensiones ni efectos indeseados, pero
tampoco ayudan a estabilizarla.
El Gobierno ha sacado ya sus conclusiones en cuanto a que lo sucedido se
debe a Red Eléctrica (REE) y las energéticas privadas. Pero a su vez REE, ha
indicado que cumplió con su obligación, señalando a las energéticas privadas y
éstas, con Iberdrola a la cabeza, apuntan a una gestión negligente de REE. Un
lío difícil de desenmarañar que hace complicado de señalar contundentemente
quién es el culpable.
FEDEA, un think tank, que está apadrinado por las grandes empresas del Ibex,
alza la voz de alarma sobre la posibilidad de que las energías renovables no
puedan con la demanda que se genere en un futuro, sobre todo, para sustituir
la aportación de energía de base que es característica de la generación
nuclear.
Además se advierte, que sin un mecanismo de capacidad y flexibilidad que
salvaguarde el sistema frente a variaciones de tensión y complemente los
ingresos en los mercados a corto plazo, es precipitado dejar solas a la
fotovoltaica y la eólica al tener que cerrarse las nucleares y entre ellas Almaraz.
En un entorno de electrificación creciente todo apunta que los objetivos del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no se cumplirán y con
toda seguridad será necesario el uso del gas con el ciclo combinado y esto
encarecerá el recibo de la luz (como ha sucedido tras el apagón), pero también
aumentarán las emisiones, que va contra los objetivos primordiales que
establece el PNIEC.
Todo ello agravado por las debilidades que ha demostrado el sistema eléctrico
español especialmente el que se refiere a su capacidad para integrar grandes
volúmenes de generación renovable sin poner en riesgo la estabilidad de la
red.
Para evitar lo anterior, sería necesario elevar la capacidad de almacenamiento
de energía de España, que se ha revelado como una de las grandes
asignaturas pendientes. Se trata de guardar electricidad renovable en las horas
de mayor producción e inyectarla en la red en las horas de falta de fotovoltaica
o eólica en los momentos de mayor demanda, lo que bajaría los precios y se
sumaría ahora la seguridad de suministro.
Veamos la capacidad de almacenamiento actual de España: por hidroeléctricas
y bombeos reversibles podría estimarse unos 6,3 GW, por almacenamiento
térmico (centrales termosolares con almacenamiento) 1 GW, y con
instalaciones que se están montando y existentes con baterías 0,3 GW, en total
7,6 GW.
El PNIEC prevé alcanzar 22 GW de capacidad de almacenamiento para el
2030, con lo que podría sustituirse la producción nuclear, una meta que FEDEA
considera inalcanzable, salvo sorpresa. Según el informe, se considera factible
llegar a los 9 GW hidroeléctricos y de bombeo desde los 6 actuales, pero en
almacenamiento con baterías conseguir el resto hasta los 22 GW es una
utopía, ya que está todo por hacer.
No se puede afirmar con certeza que más almacenamiento habría evitado el
fallo eléctrico, pero los expertos coinciden con que la falta del mismo, la falta de
una buena e inteligente red eléctrica y de conexiones internacionales y la
ausencia de nucleares puede haber contribuido a esta crisis energética.
Pero que es lo que impide actualmente la prórroga a la producción nuclear: los
impuestos. Las empresas se quejan de que las centrales nucleares pagan más
impuestos que en ningún lugar de Europa por producción de energía nuclear.
De la carga fiscal que soportan, 28,6 euros por megavatio hora, 9,2 son
impuestos y tasas. Se paga por producción del combustible nuclear gastado y
residuos radiactivos y las ecotasas autonómicas. Estos dos impuestos que las
empresas quieren que se supriman por parte del Gobierno y las comunidades,
son los que están evitando alargar la vida de las centrales de Almaraz, Ascó y
Cofrentes.
Desde otro punto de vista, las empresas de las centrales manifiestan, que en
base a estudios por ejemplo de PricewaterhouseCoopers (PwC) el cierre
nuclear podría elevar los precios de mercado de la electricidad por encima de
los 13 hasta los 30 euros el MWh, mientras que para que sea más rentable la
continuidad para los consumidores bastaría una reducción de apenas 1,15
€/MWh en el precio de mercado mayorista para compensar la pérdida de los
ingresos fiscales derivados del impuesto de combustible nuclear gastado.
Además, si se cierra Almaraz, ni la comunidad ni el Estado recaudarán estos
impuestos. Por tanto, alargar la vida de las nucleares garantiza la seguridad en
el sistema y abarata el precio de la energía, por lo que bajar esos impuestos
está más que justificado para que las empresas estén de acuerdo en la
continuidad de las nucleares.
Ya hemos visto que utilizar las renovables para compensar el cierre o aumentar
el almacenamiento de energía, es completamente impensable en estos
momentos salvo sorpresa, y conlleva la utilización masiva del gas en España
con las centrales de ciclo combinado.
Sin embargo, es necesario a su vez tener en cuenta dos temas que se han
agravado. El primero de ellos se refieren a la energía fotovoltaica y la eólica,
que son por antonomasia las renovables. La fiebre y la magia de éstas han
perdido fuerza y su financiación se ha ralentizado debido a que la fotovoltaica y
la eólica arrojan malas expectativas. Ello es debido a las dudas que lleva
castigando al sector con un problema muy localizado: los precios cero.
Debido a entrada masiva de la tecnología solar en las horas centrales del día
quienes producen esta tecnología ofertan su generación a cero euros o incluso
a cifras negativas. Esto pone nervioso a los bancos de inversión o a las
entidades financieras porque no cubren la deuda generada.
El almacenamiento energético será clave para que las renovables tengan un
sentido completo, producir cuando haya sol o viento, guardarlo, utilizándolo
cuando deje de haber. Habrá que educar a las entidades financieras para que
entiendan que el almacenamiento puede ser un buen negocio.
Será necesario incentivar el despliegue masivo de proyectos de
almacenamiento con baterías para conseguir estabilizar el sistema a largo
plazo y evitar los precios cero.
Para ello, el decreto recién aprobado contra apagón contempla medidas de
simplificación de estas instalaciones, agilizando los permisos y exención de
trámites de evaluación ambiental si la instalación de almacenamiento se
encuentra dentro del perímetro de una planta que haya recibido ese visto
bueno.
Otra de las medidas que se contempla para estas instalaciones es la parada de
los plazos ante las paralizaciones cautelares y recursos judiciales, lo que
suponía que muchas empresas corrían el riesgo de perder la inversión ya
realizada y el acceso a la red concedido antes de que se resolviera el caso
ante los tribunales o ante la administración.
El segundo problema a resolver es, que a pesar de la apuesta europea por las
energías renovables, el gas sigue siendo una pieza fundamental en el mix
energético a través de las centrales eléctricas de ciclo combinado ahora más
activas en España después del apagón de febrero e incluso con la propia UE
pensando en suavizar el veto al gas ruso.
La demanda de Gas natural para generación eléctrica ha crecido un 68% el
pasado mes de mayo frente al mismo mes de 2024. Se trata de una
consecuencia directa del “modo reforzado” que usa REE tras el apagón. Por
tanto, el consumo de gas natural licuado procedente de los Estados Unidos
crece un 89% hasta mayo, con el problema de que el gas licuado se encarece
por el hecho de tener que regasificarlo en las plantas de España para su uso.
Al dispararse la compra de gas a EE UU, el precio ha subido el 20% en este
mes de junio para superar los 41 €/GWh.
El despliegue rápido del almacenamiento favorecido por las medidas de dicho
Real Decreto, en el aspecto de favorecer la inversión, y la creación de una red
inteligente más extendida por todo el territorio hacen que Andalucía,
Extremadura y buena parte de España puedan seguir con el desarrollo de
renovables y, de este modo, evitar el encarecimiento de la energía por el uso
indiscriminado del gas.
No se entiende en absoluto el cierre de las centrales nucleares tan
precipitadamente cuando podrían contener estos problemas, hasta que el
almacenamiento energético fuese una realidad.
Pero lo queda claro es que, si se decide prorrogar la vida de la central de
Almaraz, los extremeños debieran reclamar un mejor tratamiento, o una rebaja
en el precio de la electricidad dado que la medida beneficia al resto de España
en cuanto a que se evita la utilización del gas y por consiguiente una subida del
precio de la electricidad, mejorando la estabilidad de la red eléctrica.
