Publicado en parte en HOY 26-09-23
Pedro Martin Ruiz
Pasado el verano y despejada la gobernanza autonómica, creemos que ha llegado el momento de retomar algunos proyectos para la industrialización de nuestra región por su capacidad de transformar y modernizar la sociedad, en el convencimiento de que solo con el desarrollo de la agroindustria, la Administración Pública y el turismo, a cuyas actividades deseamos un largo recorrido, nunca será suficiente para alcanzar un buen nivel de vida.
Como premisa, dada la importancia de la colaboración del sector público en este tema, vemos muy conveniente la creación en nuestra Administración Autonómica de una Consejería de Industria, Energía, Minas y Transición Energética, sector ahora poco valorado, incluido de forma incomprensible, según mi opinión, en la Consejería de Agricultura al nivel de una simple Dirección General.
La transición energética no es otra cosa que el proceso de descarbonización de la economía, reduciendo las emisiones contaminantes producidas por las energías fósiles, como el carbón, gas natural y petróleo, y sustituyéndolas por las energías renovables. De las primeras carecemos y de las segundas podemos ser una potencia europea, gracias a nuestros recursos naturales y condiciones competitivas. Por ejemplo, en Alemania la media de horas en funcionamiento de una planta solar no llega a 1.000, mientras en la mayor parte de España llega a 2.000 horas.
Así pues, se nos brinda una magnífica oportunidad para el desarrollo de la industria española y, en particular, la extremeña. La Hoja de Ruta recogida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, preveía alcanzar unos importantes objetivos en la producción de las distintas energías renovables y, también, una posible revisión al alza. En efecto, en el borrador enviado a la Comisión Europea el pasado 28 de junio se duplican dichos objetivos e, incluso, se supera en el caso de la solar fotovoltaica, pues de 36 gigavatios (GW) previstos, y ahora conectada de 23 GW, se pasa a 76 GW para 2030.
En esta línea, Extremadura deberá revisar su propio Plan y pasar de los 10 GW previstos a 20 GW, siendo ahora la potencia instalada fotovoltaica de 5.5 GW., así como aumentar de forma considerable la potencia por bombeo hidráulico reversible en los grandes embalses y, también, la de procedencia eólica y de la biomasa.
Los objetivos son muy ambiciosos y para cumplirlos, a nivel europeo, hay que agilizar los permisos de instalación, aumentar mucho las inversiones y la capacidad de la Red eléctrica de evacuación, transporte y conexiones internacionales, así como regular e incentivar toda la industria energética, incluido el almacenamiento a gran escala para que no se pierda la energía por su no uso y sirva de salvaguardia del sistema, dadas las intermitencias de la producción fotovoltaica y eólica.
Por otra parte, a nivel mundial, no se puede seguir subsidiando las energías fósiles o al menos reducir de forma progresiva las enormes ayudas actuales, pues se calcula que solo a través de la venta de bonos se ha puesto en el mercado más de un billón de euros para financiar dicha energía desde que entró en vigor el Acuerdo de París en 2016, que se propuso reducir las emisiones y el calentamiento global, lo cual resulta difícil entender.
Reunimos las condiciones para alcanzar dichos objetivos, pues tenemos grandes extensiones de terrenos poco fértiles y desarbolados con una magnifica radiación solar y, además, tenemos numerosos embalses donde es posible instalar plataformas flotantes o fijas para la energía fotovoltaica, de la cual ya representamos el 25% de la potencia instalada en España.
Respecto a la hidroeléctrica convencional ocupamos el tercer lugar entre todas las Comunidades Autónomas, y estamos algo atrasados en la de bombeo reversible, a pesar de que es la mejor forma de almacenamiento de electricidad. Un buen ejemplo lo tenemos en la presa de Alcántara que tiene 915 megavatios (MW) de potencia hidroeléctrica convencional instalada y que pronto tendrá 400 MW por bombeo. Algo parecido, quizás, se podría acometer en algunos de los embalses de Cijara, La Serena-Zújar, Valdecañas, Orellana, Alange etc. y, en este sentido, sería un buen objetivo conseguir unos 2.000 megavatios para el año 2030.
Estamos atrasados, también, en la energía eólica con solo dos plantas en Plasencia que no llegan a los 100 MW. Así pues convendría un buen estudio de todo el territorio extremeño, en cuanto a las características del viento y de los terrenos adecuados, así como más diálogo con la población y las plataformas ecologistas que se oponen a la implantación de molinos para producir electricidad. Creemos que, al menos, se puede alcanzar unos 1.000 megavatios de potencia instalada.
En cuanto a la biomasa, existen muchas posibilidades ya que disponemos de más de 600 millones de árboles, casi 300.000 hectáreas de regadío y una distribución de cultivos favorables con 285.000 Ha. de olivar, 200.000 de cereales de invierno, 90.000 de viñedos, 20.000 de tomates etc. Además de una importante cabaña ganadera de más de 6 millones de cabezas de las cuatro especies principales: ovino, porcino, vacuno y caprino De la masa forestal y, en particular del encinar, olivar o pinos se obtendría los pellets para la calefacción y grandes calderas industriales, lo cual serviría para mantener limpio el bosque y evitaría tantos incendios.
De los cultivos energéticos y de alto contenido de almidón o azúcar y de los residuos forestales y agrícolas, por fermentación se puede obtener un alcohol -el bioetanol- como combustible sostenible que se puede mezclar con la gasolina en una proporción entre el 5 y el 85%. De la poda del olivar, viñedos y frutales, así como de los residuos agropecuarios y de la industria alimentaria, subproductos del tomate, frutas o de la aceituna y lodos de depuradoras (EDAR) y otros productos orgánicos se obtendría por descomposición el biometano, como gas renovable.
Según el Anuario Energía de Extremadura 2023 existe un potencial para 163 plantas biogás de las que más de 15 podrían entrar en funcionamiento para 2030, siendo nuestra región la sexta comunidad en capacidad con un 8% de la producción de este gas renovable. Destaca Badajoz con 105 plantas, pues produce más de 5 millones y medio de residuos que pueden ser transformados en biometano, en especial, procedentes de la ganadería.
La primera planta de biogás en Extremadura será la de la empresa Oleofat en Don Benito, a partir de residuos agropecuarios y alimentarios, entre ellos, el tomate, con una inversión prevista de más de 15 millones de euros y 24 empleos directos. Generará una potencia de 75 GW/hora-año para conectarla a la red de gas a finales de 2024. En España el mayor proyecto es el de Repsol en Cartagena que pretende producir 2 millones de toneladas de biocombustibles avanzados a partir de residuos orgánicos e hidrógeno. Algo parecido pero como combustible sintético- hidrógeno más dióxido de carbono- pretende producir la gran naviera Maersk en dos plantas, una en Andalucía y otra en Galicia con una inversión de 10.000 millones de euros. De hecho, ya circula su primer buque portacontenedores impulsado por metanol verde del mundo.
Es de destacar la importancia de este tipo de industria en cuanto a la creación de empleo en el medio rural y los beneficios para el medio ambiente, mediante el aprovechamiento y valorización de los residuos, que de otro modo se abandonarían y contaminarían muchos terrenos, así como las ventajas de la economía circular, sostenible y renovable cada vez mas necesaria.
A diferencia de lo que ocurre ahora que vendemos el 80% de la electricidad fuera de la región, esta nueva energía de forma preferente se utilizaría “in situ”. De este modo, sería una transición energética más justa, equitativa y equilibradora del territorio y, por otra parte, se limitaría la proliferación de torres y cables para llevarla hasta las grandes áreas de consumo de Madrid y el País Vasco, por cierto muy deficitarias en potencia instalada. En este sentido, parece lógico que el precio de la electricidad se redujese, al menos, en un 10-15%, que es la pérdida que se produce en su transporte, con lo cual se facilitaría la creación de numerosas empresas en nuestra región.
Dada la enorme producción renovable prevista y para evitar una burbuja energética, habría que electrificar al máximo toda la actividad económica y la de nuestros hogares, prepararnos para el cierre de la Central Nuclear de Almaraz en 2027-28 y poner en marcha grandes proyectos para su investigación y consumo eficiente. Entre estos, tenemos algunos ya avanzados como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) en Cáceres, la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata o la fábrica de diamantes artificiales de Trujillo.
Otros a medio plazo son la fábrica de baterías en la plataforma logística de Badajoz, en relación con las minas de litio de Cañaveral y de níquel y cobre en Monesterio, el Centro de Datos C.C.Green de Ingenostrum, así como diversas instalaciones derivadas del discutido litio de Valdeflores, ambas en Cáceres.
No solo hablamos de grandes proyectos. Creemos que la industria auxiliar debe jugar un importante papel en lo que se refiere a muchos de los componentes de la industria energética, como la producción de paneles solares, estructuras metálicas, cableados, inversores y convertidores solares, pequeñas y grandes baterías, turbinas, torres y palas eólicas, bombas y motores para el bombeo, generadores, electrolizadores, hidrogeneras, electrolineras, tanques y otros recipientes de hidrógeno o de oxígeno. En este sentido, la empresa Iberdrola ha anunciado la construcción de una fábrica de componentes en Extremadura.
Y para completar la cadena de valor sería muy conveniente un mayor impulso a la minería. La industria del automóvil, la del transporte de personas, mercancías o gases sostenibles o de la propia electricidad requieren una serie de materiales y productos intermedios, como módulos solares, aerogeneradores y semiconductores, fabricados a partir de la minería metálica y de las llamadas tierras raras, los cuáles nos vemos obligados a importar desde lejanos países, sobre todo, de China.
Se trata de un problema de la Unión Europea que se ha propuesto disminuir esta enorme dependencia, alrededor de un 65%, de sus necesidades, y fomentar una minería moderna de bajo impacto ambiental con el objetivo de producir, al menos un 10%, procesar un 40% y reciclar un 15% de las materias primas críticas o esenciales para llevar a cabo la transición energética. Para ello, dentro de unos días, aprobará una Ley de minerales esenciales y establecerá unas condiciones para la declaración de proyectos estratégicos, los cuales tendrán un tratamiento especial muy favorable y sería el pistoletazo de salida para muchas iniciativas relacionadas, también, con las energías renovables y el hidrógeno.
Extremadura es la tercera en estos recursos mineros en España, después de Andalucía y Castilla La Mancha. La mina de níquel y cobre de Aguablanca en Monesterio, recientemente, ha obtenido el permiso de explotación para producir en el 2024. A final de año puede llegar el permiso de explotación del litio en Cañaveral y a más largo plazo el litio de Valdeflores o el wolframio de La Parrilla. También hay indicios claros de reservas de diversos minerales en Alburquerque, Torrecilla de los Ángeles o Logrosán y en numerosos municipios del sur de Badajoz, como Alconchel, Oliva de la Frontera, Calzadilla, Usagre, Azuaga etc. Para todo esto se necesita una nueva Ley de Minas que fomente y agilice los permisos de investigación y explotación, y no pase como ahora que se tarda, si se consigue, unos 10-15 años en poner en producción unas minas.
Por otra parte, un importante consumo de las nuevas aportaciones de electricidad renovable se destinará para la producción de hidrógeno que se obtiene por electrolisis a partir del agua. Podría ser llevado hacia los grandes centros de consumo, pero es difícil porque no se pueden utilizar las actuales redes de gas natural y además pierde mucha energía en el transporte, almacenamiento y distribución. Tal vez sería más conveniente llevar la electricidad como materia prima o ya como amoniaco, aunque la mejor opción, según creo, es utilizarla para conseguir productos finales en los territorios donde se produce y que reúnen evidentes condiciones de competitividad.
El tema del hidrógeno, como vector fundamental y gran panacea para la transición energética, todavía presenta algunas incertidumbres, pues no existe un modelo de negocio eficiente que sirva de referencia, debido al alto coste actual de producción y, además, tiene ciertos problemas de dependencia y suministro de algunas tecnologías y dispositivos necesarios para su desarrollo. En estos momentos el hidrógeno verde no llega al 2% del total que se consume en el mundo. El resto es de origen fósil.
No obstante, está asumido que el futuro de la energía ha de ser, en buena medida, verde y sostenible y que esto pasa por la producción de electricidad renovable e hidrógeno en grandes cantidades, para lo cual existen ya numerosos proyectos preparándose con este objetivo, si bien pocos se concretan a la espera de una regulación e incentivos claros. Solo la Unión Europea tiene previsto consumir para finales de la presente década más de 20 millones de toneladas de hidrógeno verde.
En España el mayor proyecto es el del Valle Andaluz promovido por Cepsa, entre los polos químicos de San Roque en Algeciras y Palos en Huelva para producir grandes cantidades de hidrógeno, amoniaco, fertilizantes, en su mayor parte para el transporte al puerto de Rotterdam y su distribución por Europa central. En este sentido, el consejero delegado de la empresa Enagás declaró el pasado 14 de septiembre que España se ofrece como proveedor a Alemania de hasta 2.5 millones de toneladas de hidrógeno verde para el año 2030.
Hace unos meses, el Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma declaró de interés general la producción de hidrógeno y ya cuenta con algunos proyectos. El más avanzado es el de la empresa FRV.Iberia en Mérida con una capacidad de electrolizadores de 20 megavatios y 30 de potencia instalada de origen fotovoltaico para producir en el año 2026. Otros proyectos parecidos se estudian para Zafra, Los Santos de Maimona y muchos más, hasta el punto que se dice en medios oficiales que pretendemos producir el 20% de todo el hidrógeno de España, aunque considero exagerada dicha cifra.
Recientemente se ha firmado un acuerdo entre tres grandes compañías para impulsar una planta de hidrógeno verde de 180 MW y un parque solar fotovoltaico de 350 MW en Cáceres, pendiente de la explotación del litio de Valdeflores. Entre otros grandes proyectos en Extremadura, queremos, también, mencionar la propuesta de instalación de un complejo industrial de 300 MW de capacidad de electrolizadores en la comarca de La Serena, dentro del Valle del Hidrógeno Puertollano-Mérida, para producir en el horizonte de 2030, en dos fases, 100.000 toneladas de hidrógeno y 350.000 de amoniaco al año, así como fertilizantes, combustibles y oxígeno, a partir de 4.000 MW, en su mayor parte, de procedencia fotovoltaica. Confiamos que en todo o en parte pueda ser una realidad, y en esto estamos comprometidos.
Es lógico que como industria emergente e innovadora que es, necesite ayudas e incentivos especiales en una primera fase, como ya lo hace los EEUU y deberá hacerlo de forma más decidida la Unión Europea. Nos consta que ya está preparando un paquete de subvenciones importante, de lo contrario la mayoría de las empresas se irán a los EEUU. Podemos calcular que, al paso que avanza las distintas tecnologías, en unos tres años el precio del hidrógeno verde y de sus aplicaciones será igual o inferior al coste actual, máxime si se tiene en cuenta el pago de los derechos de emisión, la volatilidad de sus tarifas y la dependencia de suministro de su materia prima desde países conflictivos, en especial de los países del Golfo, Rusia o Argelia.
Pensamos que el futuro energético pasa por un conjunto de tecnologías que se complementan, donde las energías renovables constituyen una herramienta básica para conseguir el hidrógeno, los combustibles sostenibles, el amoniaco o los fertilizantes y permitiría electrificar a menor costo toda la actividad económica. Por otra parte, el biometano como gas renovable procedente de residuos vegetales y orgánicos puede ser un primer paso más fácil para la transición energética. En este mix, donde también hay que contar con la solar térmica y el autoconsumo, seguirá estando presente el petróleo y el gas fósil, como energías de respaldo de todo el sistema y, mas bien, para otras aplicaciones, aunque, creo, con una presencia inferior al 25% de la actual.
España puede y debe jugar un importante papel dentro de la Unión Europea por lo que se refiere a la industria energética renovable. Asimismo, Extremadura, para el año 2030, puede representar el 20% de la producción nacional de la energía fotovoltaica, el 16% de la producción de hidrógeno, el 10% de la hidroeléctrica y el 8% de la de biometano, así como ocupar un buen lugar en amoniaco, fertilizantes nitrogenados y oxígeno. De esta manera, en lugar de exportar electricidad, con la energía más barata atraeríamos empresas y talento para fabricar productos intermedios y acabados con evidentes repercusiones positivas, en cuanto a la creación de empleo digno y creación de riqueza para toda nuestra región.
Por fin tenemos no solo propuestas y estudios, sino también algunas realidades concretas -cuatro o cinco-, ya mencionadas, que se materializarán antes de tres años y que harán más fáciles otras tantas en la presente década, por lo que estamos convencidos que comienza una nueva etapa que cambiará el tejido económico y social de Extremadura.
